El Supremo establece que la obligación al pago de la pensión por hijos menores no se extingue si el ex cónyuge entra en prisión

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que la obligación del pago de la pensión de alimentos a los hijos menores no se extingue por el solo hecho de haber ingresado en prisión el progenitor que debe prestarla si al tiempo no acredita la falta de ingresos o recursos para poder hacerlos efectivos.

El caso tiene su origen en la demanda de divorcio planteada por un padre que solicitó la suspensión de la medida durante los casi dos años (de abril de 2008 a febrero de 2012) que estuvo encarcelado cumpliendo condena por una causa de violencia de género. La Audiencia Provincial de Jaén, que revocó parcialmente la sentencia de divorcio del juzgado de instancia, accedió a la petición y dejó en suspenso el pago de la pensión -300 euros mensuales por los dos hijos menores- durante la estancia del progenitor en el centro penitenciario.

Su ex mujer presentó recurso de casación contra dicha sentencia y ahora el Tribunal Supremo soluciona el problema que de forma contradictoria habían resuelto las audiencias provinciales, aunque la mayoría optaba por la suspensión con el argumento de que la cárcel reduce la capacidad del pago mientras permanece en ella.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Antonio Seijas Quintana, señala que la obligación alimenticia que se presta a los hijos no está a expensas únicamente de los ingresos sino también de los medios o recursos de uno de los cónyuges o de “las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento”, según el artículo 93 del Código Civil.

No es necesaria, según la sentencia, una liquidez dineraria inmediata para hacer frente al pago de la pensión sino que es posible responder con el patrimonio personal siempre que su fortuna no se hubiese reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus necesidades y las de su familia.

C.G.P.J – Notas de prensa.

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El Supremo establece que el ex cónyuge que disfrute de la vivienda asuma los gastos de la comunidad

El Tribunal Supremo ha acordado que en caso de divorcio los juzgados de familia pueden imponer los gastos de comunidad al ex cónyuge que usa la vivienda ganancial. El alto tribunal rechaza el recurso que presentó una mujer contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que le imponía a ella los gastos de comunidad de la vivienda ganancial, al habérsele adjudicado a ella el uso del bien.

La recurrente alegó que de acuerdo a la ley de propiedad horizontal (art 9.5) los gastos debían abonarse al 50% y citaba sentencias del Supremo y de otras audiencias provinciales que habían fallado en este sentido.

El Supremo, ahora, en una sentencia de la que ha sido ponente Francisco Javier arroyo considera evidente que en las relaciones entre la comunidad de propietarios y los propietarios individuales los gastos corresponden al propietario y que de acuerdo con la ley se pueden pagar al 50%, pero “nada obsta a que un tribunal de familia acuerde, en aras al  equilibrio económico entre las partes que el ex cónyuge que utilice la vivienda ganancial, sea el que deba afrontar los gastos ordinarios de conservación”.

C.G.P.J – Notas de prensa.

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El TS condena a un periódico por divulgar imágenes de una víctima del 11-M –en estado vegetativo- sin el consentimiento de sus padres

El Tribunal Supremo ha condenado a un periódico por publicar fotografías de una víctima del atentado 11-M, que se encuentra en estado vegetativo, sin el consentimiento de sus padres. El alto tribunal  estima que el medio, con la publicación del artículo, ha incurrido en una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad e imagen de la víctima.

La Sala Primera señala que al tratarse de una persona desvalida de modo irreversible, “la falta de autorización, expresa o tácita de sus padres que ejercen la tutela, sus propias manifestaciones obstativas a que se divulgara la situación personal de su hija, no pueden alterar la prevalencia del derecho a la intimidad frente al derecho de la información”.

C.G.P.J – Noticias Judiciales.

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Dolores Vázquez sigue sin cobrar un euro 15 años después del crimen que no cometió

El 9 de octubre se cumplieron 15 años de la desaparición en Mijas (Málaga) de la adolescente Rocío Wanninkhof, cuyo cadáver calcinado apareció, 24 días más tarde, cerca de un club de tenis de Marbella, a 33 kilómetros del paraje donde fue asesinada. Tal vez, el aniversario de un suceso que conmocionó a España pasará inadvertido para algunos de los medios de comunicación que alentaron la histeria popular desatada tras el macabro crimen, una auténtica caza de brujas televisada en busca de culpables. Pero no para Dolores Vázquez, protagonista de una de las más graves pifias judiciales en la historia de nuestro país, a la que el Estado aún no ha pagado un euro de indemnización por los 519 días que pasó en prisión por error.

vía Noticias de España.

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El Tribunal Supremo rechaza anular la reforma energética solicitada por tres empresas del sector

La Sala de lo Contencioso-administrativo ha rechazado suspender de forma cautelar el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio,  por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones.

La Sección Tercera ha dictado los tres primeros autos rechazando acordar las medidas cautelares solicitadas por tres recurrentes. La suspensión generalizada de la Orden, según los autos, podía poner en riesgo la estabilidad financiera del sistema eléctrico español, incluso si se admitiera que su aplicación inmediata puede generar a las instalaciones afectadas un inmediato perjuicio económico para sus titulares cuyo eventual resarcimiento posterior sería posible en todo caso.

C.G.P.J – Notas de prensa.

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Google condenada a indemnizar con 8000 euros por indexar un indulto publicado en el BOE

Durante un periodo de al menos 10 meses, Google mantuvo indexado un indulto publicado en el BOE en el año 1999 a pesar de que existía una Resolución de la Agencia de Protección de Datos que le obligaba a retirarlo y de que la web del Boletín Oficial había utilizado el fichero robots.txt para evitar la indexación de ese concreto indulto.

vía Google condenada a indemnizar con 8000 euros por indexar un indulto publicado en el BOE

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La normativa europea y el acceso al atestado policial

El pasado viernes tres de octubre, nos acercamos a la convocatoria que el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza nos hizo para escuchas a Sergio Salinas Alcega, Profesor titular de Derecho Internacional de la Universidad de Zaragoza.
El tema no era baladí. Se trataba de que un especialista nos desmenuzara la DIRECTIVA 2012/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2012 relativa al derecho a la información en los procesos penales.

Y el tema despertó mucho interés, de manera que el Salón de Grados del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza se quedó pequeño para escuchar lo que el ponente tenía que decir. Y no sólo acudimos abogados. Para sorpresa de los de la casa, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado enviaron a representantes. Había policías y guardias civiles uniformados entre la audiencia.

Respecto a los letrados, el que más y el que menos, y el que suscribe se incluye entre ellos; acudimos con la secreta esperanza de que el ponente nos proporcionara un arma para esgrimir en nuestras asistencias en comisarías y puestos de la Guardia Civil. De esta manera podríamos exigir la toma de conocimiento del atestado antes de que nuestro defendido prestara declaración, y poder entrevistarnos reservadamente con carácter previo a esta declaración.

Para el profano, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado esgrimen el contenido textual del artículo 520.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece: La asistencia del Abogado consistirá en: a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el número 2 de este artículo y que se proceda al reconocimiento médico señalado en su párrafo f. b) Solicitar de la Autoridad judicial o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en que el Abogado haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica. C) Entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de la diligencia en que hubiere intervenido.

De esta manera se suele exigir por el cuerpo policial correspondiente el silencio absoluto del letrado hasta que finalice el trámite de lectura de derechos y se levante el acta de declaración o del ejercicio del derecho a no declarar. En definitiva, que hasta el trámite del artículo 520.6 C) el letrado no pasa de ser un convidado de piedra.
Respecto al acceso al atestado, es una cuestión unánime por parte de los cuerpos oficiales el negar al letrado su acceso con carácter previo o posterior a la declaración policial o a la constancia del ejercicio del derecho a no declarar.

El Tribunal Constitucional ha interpretado reiteradamente esta normativa entendiendo, por todas Sentencia del Tribunal Constitucional 21/1997de 10 de febrero de 1997, que […]«tras la detención preventiva de una persona y su conducción a dependencias policiales, el art. 520.1 L.E.Crim. permite realizar diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos, incluida la declaración del detenido. Y es en esta situación, cuando adquieren su pleno sentido protector las garantías del detenido de ser informado “de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención”, así como de la asistencia letrada y la de un intérprete, dada su innegable importancia para la defensa en tales diligencias (STC 74/1987). Garantías constitucionales que se han configurado legalmente en el art. 520.2 L.E.Crim. y cuya finalidad es, como ha declarado este Tribunal, la de “asegurar la situación de quien, privado de su libertad, se encuentra en la eventualidad de quedar sometido a un proceso”, procurando así la norma constitucional que la situación de sujeción que la detención implica no produzca “en ningún caso la indefensión del afectado” (STC 107/1985, fundamento jurídico 3º y SSTC 196/1987 y 341/1993). Y ello se ha reiterado por este Tribunal respecto a la asistencia letrada en las primeras diligencias policiales, diferenciándola de la que se presta en un proceso penal, al declarar que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 520 L.E.Crim., aquella responde a la finalidad “de asegurar con su presencia personal, que los derechos constitucionales del detenido sean respetados, que no sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad de declaración y que tendrá el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio, así como sobre su derecho a comprobar, una vez realizados y concluidos con la presencia activa del Letrado, la fidelidad de lo transcrito en el Acta de declaración que se le presenta a la firma” (STC 196/1987, fundamento jurídico 5º y, en el mismo sentido, 252/1994).

Es decir, que la primera prohibición, impedimento o reproche del asesoramiento previo a la declaración en sede policial por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, es una interpretación errónea del 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que el Tribunal Constitucional lo permite expresamente.

Otra cuestión distinta es el acceso al atestado. El artículo 520.2 ni lo permite, ni lo prohíbe expresamente, pero si manifiesta que «Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten […]»

Este precepto legal se suele salvar por parte de los funcionarios policiales con una genérica calificación penal de los hechos (no siempre correcta) sin entrar en profundidad en los mismos. Por ejemplo: «está usted detenido por que se le considera presuntamente responsable de un delito de robo con fuerza.» Sin ningún otro detalle.

La DIRECTIVA 2012/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2012 relativa al derecho a la información en los procesos penales, en su artículo 11.1 establece que «Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 2 de junio de 2014.»

Como ha transcurrido dicho plazo sin que la norma de anterior referencia haya sido traspuesta, se han desplegado los efectos de primacía y efecto directo, siendo plenamente aplicable en España.

La Directiva, en su artículo 6.1 establece: «Los Estados miembros garantizarán que toda persona sospechosa o acusada reciba información sobre la infracción penal que se sospecha ha cometido o está acusada de haber cometido. Esta información se facilitará con prontitud y con el grado de detalle necesario para salvaguardar la equidad del proceso y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de defensa.»

Más en concreto, y respecto al detenido, el artículo 6.2 establece «Los Estados miembros garantizarán que toda persona sospechosa o acusada que sea detenida o privada de libertad sea informada de los motivos de su detención o privación de libertad, incluida la infracción penal que se sospecha que ha cometido o de la que se le acusa.»

Si ponemos este texto en relación con el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española: «Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten.»; no parece que estemos ante grandes avances en cuanto al acceso al atestado en sede policial, ya que la norma europea tan sólo habla de información.

El artículo 6.3 nos da una pista para saber cuánto de escueta puede llegar a ser dicha información cuando nos dice «Los Estados miembros garantizarán que, a más tardar en el momento en que el contenido de la acusación se presente a un tribunal, se facilite información detallada sobre la acusación, incluidas la naturaleza y la tipificación jurídica de la infracción penal, así como la naturaleza de la participación de la persona acusada.»

Es decir que la norma europea señala que el momento en el que nace en derecho a conocer información detallada es que coincida con la presentación de la acusación a un tribunal, esto es, el momento en el que el atestado llega a sede judicial y se incoa el procedimiento que corresponda, es decir, un escenario idéntico al actual.

Por ello, a juicio de quien escribe, la DIRECTIVA 2012/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2012 relativa al derecho a la información en los procesos penales no es por el momento la panacea que pensábamos y no hace sino consagrar el actual marco normativo. Los problemas de interpretación del artículo 6 y la referencia al grado de detalle de la información hacen que la cuestión sea suceptible de problemas.

Salvo que los abogados, a través de nuestra función social, invocando no la norma europea, sino el artículo 24.2 de la Constitución Española obtengamos de los tribunales el derecho a acceder al atestado con carácter previo a la declaración policial.

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