El Supremo confirma las tres sentencias dictadas por el TSJ de Aragón sobre la Tabla de Benabarre

Estas tres sentencias dictadas por el Tribunal Supremo hacen referencia a los recursos presentados por la Diputación de Lleida y el Consorci del Museo de Lleida por una parte, contra la Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (de 18 de julio de 2009) que declaraba Bien Inventariado del Patrimonio Cultural Aragonés un fragmento de la Tabla de Benabarre y por otra, contra las sentencias dictadas por la Sala Contencioso Administrativo del TSJ de Aragón (sección III) de 20 de marzo y 30 de abril de 2013.

Es decir, sobre la Tabla de Benabarre se han tramitado dos tipos de litigios: unos referidos al ejercicio por la Diputación General de Aragón (DGA) del derecho de retracto y otros por la clasificación de la Tabla como bien integrante del Inventario del Patrimonio Cultural Aragonés, conforme a la Ley aragonesa 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.

En la primera sentencia, (Recurso casación 1672/2013) los magistrados del Supremo recuerdan que sobre la tabla de Benabarre, las instituciones catalanas han presentado un total de cuatro recursos, todos ellos desestimados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y por el Tribunal Supremo.

Los motivos alegados en dichos recursos se referían al derecho de retracto, y contra la declaración de la tabla como Bien Inventariado del Patrimonio Cultural Aragonés. El Tribunal Supremo desestima en esta sentencia el recurso presentado por la Diputación de Lleida contra la sentencia de la Sala Contencioso Administrativo del TSJ de Aragón (sección III) de 20 de marzo. El alto tribunal confirma la sentencia del TSJ de Aragón e impone las costas del juicio a la institución recurrente.

La segunda sentencia (Recurso de casación 1688/2013): desestima el recurso de casación presentado por Consorci del Museu de Lleida, Diocesá y Comarcal contra la sentencia de 20 de marzo de 2013 del TSJA. En dicho recurso se alega, por parte de la mencionada institución catalana la procedencia de la catalogación del retablo en el Patrimonio Cultural Catalán por parte de la Comunidad Autónoma catalana con el derecho de retracto. Argumentan los magistrados que lo que realmente se dilucida es el origen aragonés de la tabla “lo que atribuye la competencia a la Diputación General de Aragón conforme a la ley aragonesa 3/1999”.

Por último la tercera (Recurso de Casación 2029/2013): el alto tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por el Consorci del Museu de Lleida, Diocesá y Comarcal contra la Sentencia de 30 de abril de 2013 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

En este recurso los magistrados no entran a valorar la cuantía indeterminada del pleito ya que “versando tales litigios sobre la determinación del origen de un bien con relevancia artística e histórica para dotarle de un régimen especial de protección, hay que estar a su valor no en venta o en el mercado, sino al valor inmaterial del que viene dotado. En definitiva, lo relevante es un valor no cuantificable por razón de esa relevancia artística e histórica a la que se ha hecho referencia.”

Argumentan los magistrados en su sentencia que hay que “adentrárse en la interpretación de la Ley aragonesa 3/1999, en particular las previsiones del ejercicio del derecho de retracto (artículo 58) en relación con el artículo 29.1. Éste prevé que la incoación del expediente de inclusión en el Censo General del Patrimonio Cultural Aragonés conlleva la aplicación inmediata y provisional del régimen de protección establecido para los Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural Aragonés.

C.G.P.J.

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El Supremo confirma la pena de 23 años de cárcel al acusado de matar a su socio y lo ocultó en un sarcófago de cemento en un cibercafé de Zaragoza

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por A. R. T. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 8 de octubre de 2014, que le condenó a 23 años de prisión por un delito de asesinato. La Sala de lo Penal confirma la sentencia que condenó a J. M. H. M. a 3 años de prisión por encubrir el crimen.

Los hechos ocurrieron en junio de 2011 cuando el principal acusado después de discutir con su socio dentro de un cibercafé de su propiedad, que llevaba un año cerrado, le golpeó en trece ocasiones con un hacha hasta la muerte. Con la ayuda de su hombre de confianza, que presenció lo ocurrido en el local y a quien pagó 60.000 euros para comprar su silencio, A. R. T. construyó un sarcófago de cemento detrás de la barra del establecimiento donde ocultó el cadáver de la víctima y el hacha. La  policía descubrió el cuerpo por una llamada de los vecinos alertando del mal olor que salía del local situado en la calle Navas de Tolosa de Zaragoza. El recurrente huyó a Florida desde donde fue extraditado a nuestro país.

La Sala de lo Penal concluye que ha existido prueba de cargo suficiente -declaración del coimputado reconociendo que presenció los hechos y otros elementos de corroboración-  y que ha sido valorada razonablemente por el tribunal para condenar al recurrente que mantenía  que la muerte de su socio se produjo cuando él estaba fuera de España.

La sentencia rechaza también el recurso de casación interpuesto por la acusación particular alegando que existió un acuerdo entre los dos acusados para matar a la víctima y que había prueba suficiente para condenar como coautores a ambos.

Fuente C.G.P.J.

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El Supremo dice que sólo discrepancias graves entre los padres pueden impedir la custodia compartida

Las meras discrepancias en la pareja no son suficientes para descartar la custodia compartida. Así lo expone el Tribunal Supremo en una sentencia en la que revoca la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de conceder la custodia a una madre ante el “importante” nivel de conflictividad con el padre.

La Audiencia concluyó que la custodia compartida no sería una solución sino “un semillero de problemas” que repercutiría negativamente en el menor. Los elementos que valoró el tribunal fueron las discrepancias sobre el colegio al que debía asistir (por motivos económicos, ya que iba a uno privado no concertado) y que la mujer había sido condenada por una falta de coacciones tras una denuncia del marido por cambiar la cerradura de la vivienda.

Sobre este último punto el Supremo opina que la condena a la mujer no debe perjudicar al marido. Sobre el asunto del colegio, considera que se trata de “una divergencia razonable”. Así pues, estima que los motivos expuestos por la Audiencia de Sevilla “no constituyen fundamento suficiente para entender que la relación entre los padres sea de tal enfrentamiento que imposibilite un cauce de diálogo”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Arroyo, continúa diciendo que “para la adopción del sistema de custodia compartida no se exige un acuerdo sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así como unas habilidades para el diálogo que se han de suponer existentes en dos profesionales como los ahora litigantes”, en referencia a que ambos son profesores universitarios.

La sentencia, una de las pocas que ha dictado hasta ahora el Supremo sobre la custodia compartida, no modifica la jurisprudencia emitida hasta ahora, pero sí servirá a los tribunales las circunstancias en las que deben aprobar o rechazar las custodia compartida. La Fiscalía del Tribunal Supremo había pedido que se estimase el recurso de casación del padre y se le concediera también a él la custodia de su hijo de siete años.

Fuente  EL MUNDO.

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El Tribunal Supremo confirma la absolución de un capitán por el delito de abuso de autoridad con una soldado

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de un capitán del Ejército de Tierra del delito de de abuso de autoridad con trato degradante a una soldado subordinada suya en un acuartelamiento de Tenerife.

La prueba valorada se centró en dos conversaciones entre el oficial y la soldado grabadas por ésta con su teléfono móvil sin conocimiento de su superior, donde hablaron de la baja psicológica de ella.

En la segunda conversación, que tuvo lugar cuando la soldado estaba embarazada, el capitán le dijo, entre otras cosas, que no era digna de estar en el Ejército y que estaba haciendo un ‘flaco favor’a España.

El Supremo confirma la absolución dictada por el Tribunal Militar Territorial Quinto al considerar que en el caso no concurre la gravedad para calificar los hechos como delito de trato degradante, sin perjuicio “de la posible trascendencia disciplinaria que se puede derivar de las expresiones utilizadas” por el capitán en las conversaciones referidas, “pues el legislador ha previsto distintos tipos disciplinarios en los que tienen encaje las expresiones toscas, inadecuadas o indignas a una subordinada”.

La sentencia ahora ratificada consideró probado que la soldado “no dio muestras en ningún momento durante el transcurso de las dos conversaciones mantenidas con el acusado de sentirse humillada o envilecida por las palabras del capitán”, y subrayó además que la patología padecida por ella era anterior al 1 de octubre de 2012, fecha de la primera conversación con el oficial.

La resolución del Supremo cuenta con el voto particular de dos de los cinco magistrados que formaron la Sala, que defendieron que el capitán debió ser condenado a 4 meses de prisión por delito de abuso de autoridad, en su modalidad de trato degradante a una subordinada.

Estos dos jueces consideran que el capitán usó “expresiones vejatorias, despectivas, humillantes e injuriosas, tildándola de no ser digna de estar en la Compañía y en el Ejército español, de ser vaga, de estar robando y de no hallarse enferma, añadiendo que la considera merecedora de todo su desprecio,  todo ello porque, a pesar de sus esfuerzos y de los medios utilizados, no había logrado que se sometiera a su arbitrario capricho y accediera a solicitar la baja en las Fuerzas Armadas”.

Los cinco magistrados de la Sala sí denuncian por unanimidad la irregularidad procesal que cometió el Tribunal Militar Territorial al permitir al acusado ausentarse del juicio una vez que hubo prestado declaración, ya que su mujer estaba dando a luz, después de que el resto de las partes intervinientes no se opusiese a ello.

vía C.G.P.J.

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El Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el asedio al Parlament de Cataluña

El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el asedio al Parlament de Cataluña y ha condenado a ocho de los acusados a 3 año de prisión por un delito contra las instituciones del Estado de los previstos en el artículo 498 del Código Penal.

La resolución incluye un voto particular del magistrado Perfecto Andrés, favorable a mantener la sentencia de instancia. Al ser Perfecto Andrés el ponente inicial y quedarse en minoría, la ponencia se cambió, correspondiendo al presidente de la Sala, Manuel Marchena.

En su sentencia, los magistrados analizan la interpretación realizada por la Audiencia Nacional en relación con la colisión de dos derechos fundamentales en conflicto: el de libertad de expresión y el derecho de reunión, para concluir que el tribunal de instancia incurrió en un patente error a la hora de solucionar ese conflicto, surgido por la convergencia de bienes jurídicos constitucionalmente protegibles, puesto que esos dos derechos “colisionaban  con el derecho de participación de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes en el órgano legislativo”.

El Supremo dice también que la sentencia ahora anulada “altera las claves constitucionales que han de presidir la tarea jurisdiccional de ponderación. Y lo hace recurriendo a una errónea y traumática desjerarquizacion de uno de los derechos convergentes -el derecho constitucional de participación política a través de los legítimos representantes en el órgano legislativo-, que, pese al esfuerzo argumental empeñado, se aparta de las claves definitorias de nuestro sistema”.

Los magistrados analizan asimismo cómo el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de reunión no pueden operar como elementos neutralizantes de otros derechos y principios indispensables para la vigencia del sistema constitucional.

“(…) paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo supone afectar no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democrático”, señala la resolución.

Sin modificar el relato de hechos de la sentencia de instancia, el Supremo considera que las conductas ahora sancionadas encajan en el artículo 498 del Código Penal porque los acusados contribuyeron con su acción a reforzar la violencia e intimidación sufrida por los diputados autonómicos , impidiéndoles el normal desarrollo de sus respectivas funciones representativas.

C.G.P.J.

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El Supremo confirma la indemnización de 150.000 euros a la modelo Esther Cañadas por vulnerar su derecho al honor e intimidad

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que condena a una cadena de televisión y a tres periodistas a indemnizar con 150.000 euros a la modelo Esther Cañadas por una intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal y familiar a raíz de unas informaciones emitidas en julio de 2007

vía C.G.P.J.

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El Estado deberá devolver lo expropiado si ya no lo utiliza para el mismo fin que cuando lo adquirió

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado un recurso en el que se cuestionaba la posibilidad de que puedan ser objeto de desafectación tácita bienes que tras una expropiación pasaron a ser de domino público y luego dejaron de ser utilizados para el que fue objeto de su afectación.

El origen del pleito fue una demanda de Adif contra la entidad Lubrima S.A. en relación a una finca de Barajas que había sido expropiada en el año 1955 quedando desde entonces afecta a un servicio público ferroviario.

De los hechos probados resulta que la demandada-recurrente en casación adquirió dicha finca a través de la cesión de un remate en una ejecución hipotecaria de quien aparecía como legítimo titular registral y que intentó sin éxito la reversión antes de su desafectación expresa. La entidad Adif solicitaba en su demanda que se declarase la nulidad de los asientos e inscripciones registrales correspondientes a la finca a partir de la fecha en que tuvo lugar la expropiación, por reflejar estas inscripciones una realidad antijurídica que desembocaba en la titularidad registral de la demandada sobre la finca, en relación a un bien que pasó a ser de dominio público en el año 1955, hasta que se llevó a cabo su desafectación expresa en el año 1998.

La demanda fue desestimada en primera instancia y estimada íntegramente en apelación. El Juzgado apreció que los terrenos fueron objeto de desafectación tácita desde que dejaron de utilizarse en 1983 y que, por ello, cuando la parte demandada adquirió los terrenos en virtud de la cesión de remate en el año 1996, los mismos no tenían naturaleza de bienes de dominio público y eran susceptibles de transmisión, entendiendo además que concurrían en la adquirente todos los requisitos del art. 34 LH, incluyendo la buena fe.

La Audiencia Provincial, por el contrario, desestimó la demanda al rechazar que en el caso examinado se hubiera producido una desafectación tácita por cuanto esta requería que se hubiera probado una falta de uso del bien por parte de la Administración durante al menos 25 años, lo que no había ocurrido, y solo transcurrido este tiempo podría empezar a computarse el plazo para una adquisición mediante la prescripción adquisitiva, pero no antes, pues mientras el bien tuviera naturaleza de dominio público, estaba fuera del comercio.

Ahora el Supremo revoca esta resolución, confirmando el fallo de primera instancia. La sentencia de la Sala, de la que es ponente el magistrado Francisco Javier Orduña Moreno, examina en primer lugar la cuestión de la posible desafectación tácita recordando que cuando la demanialidad de un bien se produce, no por ley sino por su afectación a través del dictado de un acto expreso del órgano competente de la Administración (como fue el caso, con la expropiación de la finca en el año 1955 por razón de su afectación al servicio público ferroviario), el dogma de la imprescriptibilidad de los bienes de dominio público se relativiza permitiéndose la pérdida de dicha condición a través de la desafectación del mismo y, por tanto, su posibilidad de ser objeto de enajenación, embargo y, en su caso, de prescripción adquisitiva”, admitiéndose que la desafectación tácita también alcanza a aquellos supuestos de cese definitivo de las obras o servicios que motivaron su pertinente afectación.

En este caso, el Supremo entiende, en línea con el Juzgado, que el cese definitivo del servicio ferroviario “motivó su desafectación tácita en el año 1983” (desafectación tácita claramente confirmada posteriormente tanto por el acta expresa de desafectación, de 11 de diciembre de 1998, como por la propia declaración de innecesariedad del inmueble y el posterior procedimiento de reversión solicitado) lo que “determinó claramente el carácter patrimonial del bien a partir de ese instante y el desuso durante todo el periodo transcurrido desde el cese efectivo del servicio anteriormente señalado”.

C.G.P.J.

Sentencia

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