Hoy pierden las mujeres aragonesas víctimas de violencia

Hace aproximadamente veinticinco años, la Agrupación de Mujeres Abogadas del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, cansadas de ver como muchas mujeres maltratadas por sus parejas no eran escuchadas en comisarías de policía y juzgados; hastiadas de ver como muchos funcionarios las mandaban de vuelta a casa con su maltratador aconsejándolas resolver eses «asuntos» en casa, decidieron hacer algo.

Implantaron un servicio gratuito a mujeres consistente en: asesorías jurídicas, charlas informativas sobre sus derechos, -muchas de ellas en el ámbito rural- y la asistencia letrada en los procedimientos judiciales que pudieran ejercer contra sus maltratadores. Ellas se organizaron y ellas prestaban el servicio, sin ningún interés crematístico. Pro bono, como se dice ahora; o sin cobrar un duro, como se decía entonces.

Muchas de esas jóvenes abogadas idealistas y preocupadas por la forma que la sociedad daba la espalda a las mujeres, siguen hoy en activo.

La idea era tan buena, tan elemental, tan necesaria, que poco tiempo después, el gobierno de Aragón decidió financiarla a través de distintos organismos, últimamente a través del Instituto Aragonés de la Mujer, mediante un convenio que se renovaba anualmente.

Las abogadas, y también los abogados varones, que pronto se sumaron a la iniciativa, se formaron y especializaron en violencia de género y doméstica. Ellos y ellas convirtieron poco a poco en un nutrido grupo de especialistas altamente formados y motivados en la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia la mujer. Muchos de ellos y ellas son o han sido formadores de nuevas generaciones de abogados implicados en la lucha contra la violencia de género.

Se crearon redes de relaciones con asistentes sociales de los pueblos de las tres provincias, puestos rurales de la guardia civil, cuerpos policiales especializados. Participamos en mesas comarcales de control de la violencia a la mujer. Los abogados y abogadas del SAM éramos y somos, conocidos en juzgados, sedes comarcales, e incluso por las propias víctimas, especialmente en el ámbito rural.

Y de esta forma pasaron veintidós años, renovándose, año a año, la confianza con este grupo de abogados y abogadas especialistas, independientes, respaldados por sus colegios de abogados, y sin ningún interés económico más allá de que se remunerara dignamente su dedicación.

Con los años, el gobierno del Pignatelli fue ocupado por diversos inquilinos, también de diverso signo político. Todos ellos renovaron el compromiso con los abogados y sus colegios en defensa del interés de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. Faltaría más.

Quien suscribe tiene responsabilidades que le han permitido comparar la asistencia letrada a mujeres en Aragón con la de otras comunidades.

Hasta hace poco era un orgullo manifestar a los representantes de otros territorios que en Aragón, todas las mujeres víctimas de un delito violento, desde una agresión sexual, una violación, trata o explotación sexual, o incluso mutilación genital; tenían desde el principio a su disposición y de manera gratuita, un letrado o letrada especialista, formado, y respaldado y bajo el control deontológico de una corporación como un Colegio de Abogados, que carece en sus fines de ánimo de lucro alguno.

Incluso se plasmó todo esto en una ambiciosa ley autonómica, la Ley 4/2007 de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón.

Llegó la época de los recortes y de la crisis, pero quienes conformaban el gobierno de Aragón, ante la sorpresa de propios y extraños, mantuvieron la financiación de la asistencia letrada a mujeres y renovaron la confianza en los colegios de Abogados de Aragón año tras año.

No nos engañemos. No todo fue un camino de rosas en aquellos momentos. Se redujeron prestaciones, horas de atención y dotación económica. De hecho, los letrados y letradas aragoneses implicados en la atención a mujeres pasaron a cobrar, y de un día para otro, exactamente la mitad de lo que cobraban hace unos pocos años.

A pesar de ello se siguió asumiendo el servicio con la misma ilusión por los componentes del servicio.

En estos veintidós años se ha prestado asesoría jurídica gratuita a miles de mujeres aragonesas o que residen en Aragón. Se ha asistido a miles en juzgados y comisarías a cambio de ridículas prestaciones económicas (34 céntimos por hora de guardia, cobra un abogado de Teruel). Se las ha asesorado en su localidad, desplazándose el letrado o letrada de turno por los pueblos de la geografía aragonesa, para llevarles la información a su casa. SE han dado centenares de charlas en ayuntamientos y centros cívicos sobre los más diversos temas de interés para las mujeres.

Todo esto no importaba, lo primero eran las mujeres aragonesas y especialmente las que sufrían violencia.

Hoy podemos certificar que todo esto que construimos se va a perder.

En 2015 el gobierno de Aragón cambió de signo político.

Muchos respiraron aliviados ante la llegada de un gobierno socialista apoyado por Chunta Aragonesista y con el apoyo explícito de Podemos, quién más clamó por las políticas sociales.

¿Se acabaron los recortes en política social con este gobierno aparentemente progresista?

No. Los abogados aragoneses estamos asistiendo al mayor ataque de los derechos de los más desfavorecidos. Hace unos pocos días les tocó a los beneficiarios de la justicia gratuita. Hoy les toca a las mujeres aragonesas.

El gobierno de Aragón tras veintidós años, quiere que la asesoría jurídica a mujeres quede en manos de una empresa privada, al mejor postor, sin garantías de formación de sus abogados, sin independencia, sin control deontológico y, desde luego, en manos de una sociedad mercantil que buscará un beneficio económico.

Razones de competencia, afirman. Nosotros no queremos, pero una empresa privada puede reducir costes.

Respecto a las guardias jurídicas, esas que pagan en Teruel a 34 céntimos la hora, mejor las seguís haciendo vosotros.

Los abogados aragoneses nos estamos cansando de nuestro gobierno autonómico.

Por favor. No confundan compromiso y vocación de servicio con estupidez.

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La corro a bofetadas

Cuando a los especialistas nos preguntan en los más diversos foros ¿Cómo paramos esto? ¿Cómo detenemos este goteo incesante de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas?, solemos responder siempre que cuando intervenimos los abogados/as, los fiscales o los jueces, ya suele ser tarde. El maltrato físico o psíquico (cuando no los dos simultáneamente) ya se ha producido. La herida en el alma de la mujer maltratada y en la de sus hijos ya se ha producido. Sólo podemos esperar que sea leve y restañarla siempre en parte, e impedir que el mal se extienda. Y no siempre lo conseguimos.

La respuesta, solemos afirmar a quien nos lo pregunta, no es el Código Penal; es la educación. Desde la escuela, luego en el instituto, y especialmente el hogar, hay que fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, su equiparación como personas que ostentan iguales derechos e obligaciones.

También marcar a fuego en la conciencia de todos que la violencia de género, esa que asesina a las mujeres de este país, no es un asunto privado, familiar, que como tal se tiene que resolver desde las puertas del hogar hacia dentro.

Otra cuestión que ayudaría sería la tolerancia cero ante determinadas expresiones y manifestaciones que fomentan la violencia hacia las mujeres, con actuaciones de oficio de la Fiscalía.

Todos los implicados en la materia recordamos los cánticos en el campo del equipo de fútbol de primera división Real Betis Balompié, que justificaban la conducta de un jugador investigado por agredir físicamente a su pareja, llegando la desvergonzada grada a tildar a la víctima de «puta» y de que «algo habría hecho» para merecer la agresión.

Ayer mismo,  nos desayunábamos  en  la  prensa  con  la  noticia  que  relataba  como  el cuñado  de  una  prominente  figura  del  partido  popular  valenciano  manifestaba  sin ambages  públicamente  que  no  dudaría  en  «correr  a  bofetadas»  a  su  esposa (http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/02/10/56bb4bc2268e3ef3718b465c.html) si se enteraba que había actuado de determinada manera, manera que en ningún caso justificaba esa ni ninguna agresión.

Nadie, pero mucho menos los medios de comunicación, pueden dar pábulo a ese tipo de declaraciones o manifestaciones, sino en todo caso, ponerlas en conocimiento de la justicia cuando se produzcan. Si el silencio es muchas veces cómplice la violencia de género, a veces el tratamiento inadecuado o incluso la difusión de determinadas declaraciones lo es en mayor medida.

Pero no todo va a ser pesimismo. En la sociedad algo está cambiando. Muchos hombres y mujeres ya son conscientes de que la violencia de género, además de no ser permisible, no consiste solo en la mera agresión física, sino que empieza mucho antes. Y para muestra un botón: en los carnavales de Cádiz la comparsa «Los cobardes» cantó el pasodoble titulado «las dos de la mañana» (https://www.youtube.com/watch?v=RsAzlm2Layw) criticando el silencio cómplice de la violencia de género.

Antonio J. Muñoz González

Abogado

Vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE

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El Supremo avala privar de la patria potestad por la vía penal a un padre que intentó asesinar a su pareja en presencia de la hija de ambos

El Tribunal Supremo ha avalado la privación de la patria potestad por vía penal en los intentos de asesinato de la pareja presenciados por los hijos.  “Repugna legal y moralmente –señala el alto tribunal en una sentencia—mantener al padre en la titularidad de unas funciones respecto de las que se ha mostrado indigno pues resulta difícil imaginar un más grave incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad que el menor presencie el severo intento del padre de asesinar a su madre”.

La Sala II estima el recurso de la Fiscalía contra una sentencia de la Audiencia de Guadalajara, que condenó a L.D.M. a 13 años y medio de cárcel por el intento de asesinato de su mujer, a la que acuchilló en repetidas ocasiones en el cuello y la espalda en plena calle, siendo presenciados los hechos por la hija de ambos de 3 años. Sin embargo, la Audiencia Provincial consideró que no procedía acordar en la sentencia penal (sin perjuicio de que pudiese reclamarse por la vía civil) la privación de la patria potestad, al no ser de aplicación la previsión del artículo 55 del Código Penal, que permite al juez acordar esa privación en casos de delitos con pena superior a 10 años y cuando hubiere vinculación entre el delito cometido y el ejercicio de la patria potestad.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Joaquín Giménez, el  Supremo recuerda que su jurisprudencia ha sido reacia a la adopción de esta pena de privación de la patria potestad, sin perjuicio de que pudiese acordarse en vía civil. Incluso en mayo de 2000, el Pleno de la Sala II acordó la no privación de la patria potestad en un caso idéntico. Sin embargo, ahora debe aplicarse la nueva redacción del artículo 55 introducida en la reforma del Código Penal de 2010, que prevé su imposición en delitos de 10 o más años de cárcel si hay relación directa entre delito y la privación de ese derecho.

Para el Supremo, la decisión de la Audiencia de Guadalajara “no resulta acorde con el derecho ni muy especialmente con la protección que merecen los menores, pues es un dato incontestable que la presencia de la menor en el ataque a su madre efectuado por su padre, va a tener prolongado efecto negativo en el desarrollo de la menor de mantener la patria potestad, que por ello resulta incompatible”.

Además, el Supremo destaca que la Audiencia de Guadalajara incurrió en una sorprendente contradicción ya que, en un auto dictado antes de la sentencia,  destacó los perjuicios que para la niña tendrían visitas a su padre en prisión. Por todo ello, establece que debe acordarse la privación de la patria potestad en el propio proceso penal, evitando dilaciones siempre perjudiciales, en casos como el presente que pueden ocasionar un daño irreparable en el desarrollo del hijo menor, cuando el fin primordial de la institución de la patria potestad es precisamente velar por el interés de los menores.

Asimismo, el Supremo acuerda la pena de alejamiento del padre respecto de la menor hasta que ésta llegue a la mayoría de edad, con prohibición de acercarse a distancia inferior a un kilómetro o comunicarse con ella por cualquier medio.

Noticias Judiciales

Sentencia completa

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Ciudadanos reclama una unidad de Policía Local especializada en violencia de género en Zaragoza

Ciudadanos ha pedido al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza que cree una unidad específica de violencia de género en la Policía Local, tal y como ya existe en otras ciudades españolas. La concejala Cristina García considera que la creación de esta unidad “supondría una mayor especialización y una mejor atención a las víctimas”, así como “unificar todo el proceso de actuación en este tipo de casos”. Además, ha afirmado, se debería elaborar un protocolo “concreto y específico para una mejor atención” y vincular esta unidad a los servicios sociales del Ayuntamiento.

Origen: El Periódico de Aragón

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El Tribunal Supremo delimita cuándo es delito el cultivo y consumo compartido de cannabis

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo, junto a tres votos particulares, ha resuelto el caso de una asociación de Bilbao en relación al cultivo y consumo compartido de cannabis, cuyo fallo se adelantó el pasado 8 de julio.

En relación al caso concreto, la resolución señala que el cultivo y distribución organizada, institucionalizada y con vocación de persistencia en el tiempo de cannabis entre un colectivo integrado por 290 personas componentes de una Asociación y abierto a nuevas incorporaciones colma las exigencias típicas del artículo 368 del Código Penal, que condena el cultivo de drogas y el favorecimiento de su consumo.

En términos generales, la sentencia también delimita que el cultivo ‘compartido’ de cannabis destinado al consumo exclusivo y excluyente de quienes promueven esa producción a escala reducida, aun siendo actividad no legal, puede carecer de relevancia penal en determinadas condiciones.

La sentencia condena a cinco personas relacionadas con la asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo Ebers, de Bilbao, a penas de entre 3 y 8 meses de cárcel, al apreciar que hubo error sobre la ilicitud del hecho, y, en dos de los acusados, por la escasa entidad de los hechos.

Origen: C.G.P.J – Noticias Judiciales

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Condenados tres colaboradores de Sálvame a indemnizar a Carmen Lomana por insultarla gravemente en el programa

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a tres colaboradores del programa de televisión Sálvame, Mila Ximénez, Belén Esteban y Kiko Matamoros, por insultar gravemente a Carmen Lomana en dos programas de televisión.  Los tres condenados tendrán que pagar una indemnización de 120.000 euros por daños morales (60.000 euros Mila Ximénez, 30.000 euros Belén Esteban y 30.000 euros Kiko Matamoros).

La sentencia de la Sala de lo Civil confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que, como la de instancia, declaró la existencia de intromisión ilegítima en el honor de la demandante por los graves y reiterados insultos y descalificaciones vertidas en los programas Sálvame y Sálvame Deluxe, emitidos en abril de 2011. Durante sus intervenciones los colaboradores se refirieron a Carmen Lomana  como “sinvergüenza, analfabeta, payasa, imbécil, estafadora, cateta, idiota, auténtico perro, chupas el culo para que te inviten a fiestas, de padres cerdos, hijos marranos, me lo paso por el potorro, buscavidas, tonta del culo, busca camas altas y cerda”.

La Sala de lo Civil considera que la mayoría de esas palabras y expresiones son tenidas en el concepto público como puros y simples insultos o expresiones dirigidas a ofender. Añade que, por su entidad y reiteración en un corto espacio de tiempo y la puesta en escena, con gestos soeces y palabras y actitudes provocadoras y desafiantes, pretendían ridiculizar al personaje, con insinuaciones insidiosas, vejatorias y gratuitas que agravian innecesariamente su dignidad o su prestigio.

La sentencia, que reitera su doctrina, indica que “también estos programas, por más habitualmente agresivos que sean y por más tolerados socialmente que estén, tienen reglas y entre estas se encuentran las impuestas por la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución”.

Sentencia

Origen: C.G.P.J – Noticias Judiciales

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El Tribunal Supremo establece que la discrepancia de los padres no excluye la custodia compartida de los hijos

El Supremo ha destacado que la discrepancia de los padres sobre el sistema de custodia compartida no puede llevar a su exclusión. La Sala I estima el recurso de un padre y establece la custodia compartida del hombre y su exmujer respecto de sus tres hijos (de 6, 9 y 11 años de edad actualmente).

El alto tribunal revoca la sentencia dictada en el caso por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, que atribuyó la guardia y custodia de los menores a la madre, al considerar que era la medida que mejor protegía el interés de los menores, a la vista del informe del equipo sicosocial, que concluyó que esa era la solución más conveniente para evitar nuevas adaptaciones y que solo debía estimarse la custodia compartida si hubiese acuerdo entre las partes. Asimismo, defendía que en el convenio regulador, que no fue ratificado, se acordaba la custodia de la madre.

El Supremo revoca ese fallo y restablece la custodia compartida que otorgó en primera instancia el juzgado de San Sebastián que reguló el divorcio. Sobre el informe sicosocial, el alto tribunal subraya que “la mera discrepancia sobre el sistema de custodia compartida no puede llevar a su exclusión, máxime cuando antes del inicio del proceso judicial las partes supieron adoptar un sistema de visitas por parte del padre casi tan amplio como el de custodia compartida”, a lo que se une el mutuo reconocimiento de las aptitudes de la otra parte y el cariño y estabilidad sicológica de los menores.

Para el Supremo, el informe sicosocial es importante y trascendente, pero sus conclusiones deben ser analizadas y cuestionadas jurídicamente por el tribunal. En cuanto a la importancia que la Audiencia de Guipúzcoa confiere al convenio regulador no ratificado, el Supremo recuerda que “mientras no se acepte por partes solo es un elemento de negociación que puede ser ratificado o no, sin que de ello puedan derivarse consecuencias perjudiciales para quien no lo firmó”.

La sentencia subraya que en este caso con el sistema de custodia compartida “se fomenta la integración de los menores con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia”, “se evita el sentimiento de pérdida”, “no se cuestiona la idoneidad de los progenitores”, y “se estimula la cooperación de los padres, en beneficio de los menores, que ya se ha venido desarrollando con eficiencia”.

Sentencia

Origen: C.G.P.J – Noticias Judiciales

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