El Tribunal Supremo eleva a seis años y medio de prisión la condena a un hombre que acuchilló a su pareja al aplicar agravante de género

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha elevado de cinco a seis años y seis meses de prisión la condena impuesta a un hombre que acuchilló e intentó asfixiar a la mujer con la que mantenía una relación sentimental sin convivencia, después de quitarle el móvil al creer que se comunicaba con otro hombre y decirle “si no eres mía no eres de nadie”. El tribunal aplica la agravante de género a este caso al haberse acreditado el intento de dominación del acusado sobre la víctima.

La Sala estima el recurso del fiscal, que solicitaba la aplicación de la agravante de género, y anula parcialmente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que no la apreció porque entendió que no se había probado el intento de humillación y ultraje de la mujer por parte del condenado.

Los hechos probados en la sentencia relatan que el acusado estaba casado y mantenía una relación de afectividad sin convivencia con la víctima, con rupturas y discusiones frecuentes derivadas del carácter celoso y posesivo del hombre. En una de esas discusiones, el acusado movido por los celos al creer que la mujer se estaba comunicando por teléfono con otro hombre, aprovechó el momento en que ella se encontraba en el servicio para coger un cuchillo y “abalanzarse sobre la víctima dándole cuchilladas, al tiempo que profería expresiones como “si no eres mía no eres de nadie”.

La Audiencia Provincial de Segovia condenó al recurrente 8 años de prisión como autor de lesiones causantes de deformidad, con las agravantes de abuso de superioridad y de actuar por razones de género (6 años de prisión) y delito de amenazas condicionales sin conseguir su propósito (2 años). La Audiencia enmarcó la agresión “dentro del ámbito de control y celos que se declara probado y la situación de dependencia de la víctima también descrita.”

El acusado recurrió en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Castilla y León que estimó parcialmente su recurso y rebajó a 5 años de prisión la condena al considerar que no era de aplicación la mencionada agravante (4 años y medio por el delito de lesiones y seis meses de prisión por el de amenazas). Concluyó que no había quedado acreditado que “el actuar delictivo tuviera por móvil el desprecio o la discriminación de la víctima por el solo hecho de ser mujer o por el deseo de dominación machista que le atribuye la Sala de instancia en el marco de esa relación de control y celos que se dicen existentes; y no coincidimos con ella en que la sola personalidad del acusado que se desprende de la pericial practicada pueda derivarse esa intención de humillación y de ultraje que serían necesarios para apreciar la discutida agravante”.

Los hechos probados describen dominación y desprecio hacia la mujer 

La Sala recuerda en su sentencia, con ponencia del magistrado Miguel Colmenero, que el TSJ rechazó la vulneración de la presunción de inocencia alegada por el recurrente, con lo que el relato fáctico de la sentencia ha quedado mantenido en todos sus extremos. Y en esos hechos consta, explica el Supremo, que el acusado le quitó el móvil a la víctima al creer que pudiera estar comunicándose con otro hombre; y que en el curso de la agresión manifestó “si no eres mía no eres de nadie”. De ambos hechos se desprende, en una valoración razonable, – concluye la Sala- “el intento de dominación del acusado sobre la víctima y su consideración de esa concreta mujer como un ser incapaz de tomar decisiones sobre los aspectos más personales e íntimos de su vida que pudieran merecer alguna clase de respeto”.

La Sala admite, en línea con la sentencia recurrida, que la acreditación de una determinada personalidad en el acusado no justifica por sí misma en ningún caso la aplicación de la agravante de género, porque lo contrario conduciría a sancionar al sujeto por cómo es y no por lo que ha hecho. Pero en el caso analizado, esa personalidad del acusado- añade el tribunal “es solo un elemento más, pues la dominación y el desprecio sobre la mujer, concretamente sobre la que recae la agresión, elementos necesarios para apreciar la agravante, resultan características de la conducta ejecutada, tal y como aparece descrita en los hechos probados”

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La custodia compartida de los hijos se triplica en una década

Dieciséis años y medio es el tiempo medio de vida de duración de un matrimonio. Después, la convivencia se vuelve insoportable y llega el divorcio. Durante el año pasado se produjeron 102.341 rupturas de parejas, lo que equivale a una tasa de 2,2 por cada 1.000 habitantes. La custodia compartida de los hijos fue otorgada en el 30% de los casos.

Las cifras que ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE)reflejan un cambio social: en 2007, sólo el 9,7% de los divorcios entre parejas de distinto sexo terminaba con una custodia compartida de los hijos menores de edad; en 2012, el porcentaje era del 14,6%, en 2014 crecía hasta el 21,2% y en 2014 superaba el 24%.

En 2017 esta modalidad de atención a los hijos se ha triplicado en relación a hace una década. Y, de forma paralela, la custodia concedida en exclusiva a la madre ha ido perdiendo fuerza, aunque sigue siendo la mayoritaria -el 65%-, mientras que en el 4,4% de los procesos la custodia la obtiene el padre.

Desde 2012, distintas comunidades autónomas han ido regulando a favor de la custodia compartida, y también ha cambiado el criterio de los jueces al respecto. Ciudadanos tiene en la bandeja de salida una proposición de ley nacional que unifique los distintos regímenes regionales. La postura del Gobierno es que no hace falta cambiar nada porque el régimen legal actual, contemplado en el artículo 92 del Código Civil, “prevé las distintas situaciones que puedan producirse”.

Estabilidad

Los datos del INE también cuentan que el número de divorcios aumentó un 1,2%respecto al año anterior, mientras que el de separaciones disminuyó un 1,7% y el de nulidades, un 14,5%.

La edad media a la que se divorcian las mujeres es 45 años, mientras que, en los hombres, sube a 47,4. El 43% de los matrimonios correspondientes a las resoluciones de separación o divorcio no tiene hijos menores o mayores dependientes económicamente.

CeutaCanarias y la Comunidad Valenciana son los territorios donde la tasa de rupturas matrimoniales es más alta, mientras que Castilla y LeónAragón y Extremadura son las que presentan la menor tasa.

Fuente El Mundo

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El Tribunal Supremo otorga a una mujer la custodia de su sobrina tras la muerte de su madre

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia donde atribuye la guarda y custodia de una menor a su tía paterna, que se hizo cargo de ella antes del fallecimiento de su madre en 2012, y establece un régimen de visitas progresivo a favor del padre, que permita que su hija se adapte a su entorno, para valorar si recupera la custodia.

El tribunal explica que en estos momentos la convivencia con la tía es lo más beneficioso para la menor que tiene en ella “su principal referencia, lo que aconseja su mantenimiento según los informes emitidos”. Para los magistrados es la mejor solución “al menos hasta que la situación se reconduzca, como sería deseable, a partir de una mayor relación del padre con su hija, que se debe propiciar, pero que, en ningún caso se puede referenciar a una fecha determinada, dando por supuesto que transcurrido un periodo transitorio las cosas serán de otra manera”.

En esta sentencia, los magistrados resuelven el caso planteado por la tía de la niña y hermana del padre que presentó una demanda en la que solicitaba la custodia de la menor, que entonces tenía cinco años, con el argumento de que se había hecho cargo de ella desde que su madre enfermó y hasta su muerte. El padre de la niña se opuso y, además de negar que hubiera desatendido a su hija, alegó que estaba en condiciones de hacerse cargo, pese a que no la había visto en los últimos meses por impedírselo su hermana.

El juzgado de Primera Instancia nº 2 de Motril dio la razón a la tía por ser lo más beneficioso para la niña y fijó un régimen de visitas progresivo a favor del padre establecido en el informe psicosocial. Por su parte, la Audiencia Provincial de Granada se la otorgó al padre y estableció un sistema transitorio que permitiera a la tía continuar con la guarda y custodia hasta el comienzo de este curso escolar. El principal argumento de la sentencia recurrida era la falta de legitimación de los parientes de un menor para tener su guarda y custodia cuando fallece uno de los progenitores -en este caso la madre- mientras el otro progenitor tenga la patria potestad.

La Sala afirma que no comparte el criterio de la sentencia recurrida puesto que, por un lado, prescinde de analizar si las circunstancias actuales son compatibles con el desarrollo integral de la menor y la incidencia que va a suponer la recuperación de la custodia por el padre, teniendo en cuenta su edad y el tiempo de convivencia con su tía paterna, con la que la propia sentencia reconoce que está perfectamente integrada.

Régimen de visitas “progresivo” a favor del padre para evaluar si recupera la custodia

“La menor, en definitiva, ha tenido, y sigue teniendo, un entorno estable y seguro con su tía lo que ha posibilitado la creación de unos vínculos afectivos muy distintos de los que existen con su padre, como ha puesto en evidencia la prueba practicada, expresiva de la falta de capacidad del progenitor supérstite para atender adecuadamente a la niña, dada su edad, de su trabajo y de las demás cargas familiares, al margen de los de su hija”, concluye el tribunal.

La Sala asegura que los derechos del padre están debidamente protegidos con las visitas y comunicaciones, a partir del régimen progresivo fijado y que está dirigido a “la plena adaptación de la hija al entorno paterno y a acordar, en su vista, el posible reintegro bajo la custodia del padre”.

El proceso de integración que proteja a la menor, explica la Sala, debe abordarse desde la situación actual de la tía “como guardadora de hecho y del interés de la menor” y no desde la condición de padre biológico titular de la patria potestad, al menos hasta que se consolide el cambio, “para evitar dañar a la niña”.

El interés del menor, añade el tribunal, no crea ni extingue por si solo relaciones propias de la patria potestad, pero sirve para configurar determinadas situaciones, como la planteada en este caso, “teniendo en cuenta que la regulación de los deberes y las facultades que configuran la patria potestad está pensada y orientada en beneficio de los hijos, y que, en estos momentos, quien la ostenta en exclusiva, por el fallecimiento de la madre, no está en condiciones de hacer efectiva una de las medidas que la integran, como es la guarda y custodia de la hija”.

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Segundas jornadas de Violencia de Género de la Universidad de Zaragoza

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Los próximos días 17 y 18 de noviembre se celebran en Zaragoza las segundas jornadas de Violencia de Género dentro del marco del proyecto El Tratamiento de la Violencia de Género en la Administración de Justicia. Implementación y eficacia de la LO 1/2004 (DER2014-55400-R) y  con el apoyo del Grupo de investigación “Laboratorio de Sociología Jurídica” de la Universidad de Zaragoza, financiado por el Gobierno de Aragón con la participación del Fondo Social Europeo.

Bajo la batuta de Manuel Calvo, se reunirán diversos profesionales entre los que me cuento. En estas Segundas Jornadas, se prestará una atención primordial a las cuestiones relacionadas con la asistencia y acompañamiento a las víctimas de violencia de género en el procedimiento judicial, a evaluar la implementación de la LO 1/2004 y al tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. Para ello se contará con participantes procedentes de ámbitos institucionales, académicos y profesionales relacionados con la violencia de género, buscando un enfoque plural e interdisciplinar.

El programa previsto es el siguiente:

SEGUNDAS JORNADAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
(17-18 nov. 2016)
Aula Magna. Facultad de derecho de la Universidad de Zaragoza

Jueves 17

Mañana

9.30-10.00 | Entrega de documentación

10.00-10.20 | Acto inaugural:

10.30-11.45 | Conferencia: Ángeles Carmona Vergara (Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial): “Estudios e Informes del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género”. Presenta y modera: Manuel Calvo García

12.15-13.45 | Conferencia: Encarna Bodelón (Grupo Antígona, Universidad Autónoma de Barcelona): Proteger a las víctimas más allá de la Administración de Justicia. Presenta y modera: Teresa Picontó Novales

Tarde

16.00-17.30 | Conferencia: Mª Jesús Cala (Universidad de Sevilla): ¿Cómo afrontan el procedimiento judicial las mujeres que sufren violencia en las relaciones de pareja? Presenta y modera: Manuel Calvo García

18.00-20.00 | Mesa redonda: ¿Qué asistencia y acompañamiento deben tener las víctimas para afrontar el procedimiento judicial? Participan: Rodanas Gurría Bernadaus (Abogada. REICAZ); Maria Luisa Martín; Antonio J. Muñoz González, Coordinador del Servicio de Atención a la Mujer y Vocal de la Subcomisión de Violencia Sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española; Mª Jesús Portillo Zaragoza, Psicóloga y experta en el tratamiento de víctimas de violencia de género y agresiones sexuales. Coordina y modera: Manuel Calvo García.

Viernes 18

Mañana

10.00 -11.30 | Conferencia: Miren Ortubay (Profesora de la UPV/EHU): Once años de la Ley integral contra la violencia de género: luces y sombras. Presenta y modera: Mª José Bernuz Benitez

12.00-14.00 | Mesa redonda: La violencia de género en los medios de comunicación. Participan: Magda Bandera (Periodista. Coordinadora editorial de La marea), Elena Bandrés Goldáraz (Profesora del Área de Periodismo. Universidad de Zaragoza), Lucía Martínez Odriozola (Periodista, Profesora de Periodismo en la UPV-EHU); Ramón J. Campo (Heraldo de Aragón). Coordina y modera: Mª José González Ordovás

Tarde

16.30-18.00 | Comunicaciones. Coordinan: Manuel Calvo y Mª Paz Olaciregui.

18.30-20.00 | Comunicaciones y paneles de estudiantes. Coordinan: Mª Paz Olaciregui y Manuel Calvo.

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Impresiones del VI Congreso del observatorio contra la violencia doméstica y de género

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Por segunda ocasión consecutiva, tuve el privilegio de ser designado para representar a los abogados zaragozanos los pasados días 3 y 4 de noviembre de 2016, en el VI Congreso del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género celebrado en el antiguo Salón de Sesiones del Senado de España.

Dirigió las tradicionales palabras de bienvenida del Presidente del Senado, Pío García Escudero. También intervinieron representantes del Consejo General de Procuradores de España, nuestra Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y distintos representantes de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Interior, y Justicia, en un especial momento en el que se desvelaban las identidades de los nuevos titulares.

También tuvieron su turno de intervención representantes de la Fiscalía, cerrando el turno de intervenciones Carlos Lesmes Serrano, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

En el V congreso, celebrado en el mismo lugar en 2014, conmemorábamos el décimo aniversario de la Ley integral, y nos planteábamos los asistentes la necesidad de mejora de alguno de sus contenidos, con un balance general satisfactorio a pesar del contante goteo de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

Ahora, en 2016, tras la reforma que incluye a los hijos menores como víctimas directas de violencia de género por el mero hecho de presenciarla, se nos plantean otras necesidades que fueron objeto de las distintas mesas redondas del congreso.

Blanca Hernández Oliver, Delegada del Gobierno para la Violencia, nos habló en primer lugar de la necesidad de erradicar el silencio que implica aceptar conductas violentas sobre las víctimas por parte de la sociedad, construyendo una sociedad en igualdad desde la base, educando evitando discriminación y conductas sexistas

Se destacó la importancia de fomentar la capacidad de auto detección en la propia mujer que sufre violencia de género para que sea consciente ella misma de su condición, e íntimamente relacionado con esta cuestión, la imprescindible y necesaria la información previa a la víctima por letrado o letrada especialista antes de que denuncie para que pueda afrontar el proceso adecuadamente mediante la redacción de denuncias más sólidas, especialmente en el caso de maltrato psicológico.

Y siempre sin olvidar algo que no siempre está presente, de dar testimonio también de lo positivo, del hecho de que de la violencia de género se sale.

Mi compañera vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española y Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Talavera de la Reina, Marga Cerro exhortó a las víctimas a romper su silencio y articuló la denuncia como primer paso, como pieza clave para la visibilización y solución del problema,

Es necesario establecer la denuncia como puesta en conocimiento de unos hechos, la comunicación por la víctima a la autoridad de una situación de violencia de género, convirtiéndose en instrumento fundamental información previa a la víctima de las consecuencias de la denuncia

También nos habló de la necesidad fundamental de acometer asistencia psicológica en esta fase de denuncia.

Puso sobre la mesa de debate las diferentes corrientes existentes sobre la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, su uso por víctimas, y la petición por determinados sectores, entre ellos la Fiscalía, de eliminarla o al menos modificarla para evitar un uso abusivo; a pesar de la atemperación que en su momento llevó a cabo el Pleno del Tribunal Supremo.

De nuevo, Marga Cerro insistió en la necesidad de contar con asistencia letrada especializada y gratuita a la víctima, y que esta tienda a ser obligatoria, para así obtener una denuncia sólida y que permita que el testimonio de la víctima sea suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia.

Dentro de esta asistencia letrada especializada se habló de la fundamental entrevista previa con la víctima para prepararla para la denuncia e informarla de los eventos posteriores del proceso.

Desde la Subdirección General de información y atención al paciente se trasladó el alarmante, por escaso, porcentaje de denuncias a través partes médicos. Tan solo un 9%.

Se intentó explicar el motivo que incide en esta baja notificación desde la sanidad, haciendo hincapié en posibles justificaciones, como por ejemplo un código deontológico mal entendido que impediría comunicar sin consentimiento víctima, o una ruptura de la relación de confianza con la víctima. Se llegó incluso a hablar de miedo al agresor y temor a complicaciones legales y judiciales.

Obviamente es necesario plantear soluciones a este problema que pasan por una información a los profesionales sanitarios

Por parte de la siempre brillante Fiscal Teresa Peramato se puso sobre la mesa el dato del aumento del número de denuncias, pero también el hecho de que más de un 60% no llega nunca al juzgado; pero si a otras personas en un 81% de los supuestos.

Es evidente por tanto que hay un silencio, no exactamente cómplice, pero resulta preocupante que estas otras personas en ocasiones no dan su apoyo a la víctima, quitan importancia, o solicitan que la víctima facilite una nueva oportunidad al agresor.

Esta conducta es errónea y hay que solucionarla. Solo la administración de justicia puede proteger adecuadamente a la víctima y el silencio tan solo perpetua la violencia.

Peramato, como fiscal, entiende que la dispensa del 416 supone un silencio de la víctima que produce efectos perversos en los objetivos del proceso penal. Además de la impunidad del denunciado, refuerza su posición de agresor y coloca a la víctima en una situación de mayor desprotección.

Por el grupo de expertos y expertas en materia de violencia de género del Consejo General del Poder Judicial Carmen Zabalegui Muñoz, Presidenta de la Sección 20 de la Audiencia Provincial de Barcelona; María Tardón Olmos, Magistrada de la Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid; Gemma Gallego Sánchez, Magistrada de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Madrid; José María Gómez Villora, Magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Valencia; María José Barbarín Urquiaga, Magistrada de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa; y Almudena Nadal Siles, Magistrada del Juzgado de Instrucción nº6 de Almería, se presentó la nueva Guía práctica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Se trata de una continuación de la labor iniciada con otras guías, pretendiendo servir, por lo tanto, de orientación a los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de su quehacer diario. Ofrece en algunos casos criterios de actuación que eliminen de las actuaciones en sede judicial estereotipos aprendidos en el proceso de socialización y que aproximen a los y las intérpretes del ordenamiento al fenómeno de la violencia de género. En otros, ofrece soluciones interpretativas o expone lo que han sido reflexiones doctrinales o evolución de la doctrina de las Audiencias Provinciales sobre algunos de los aspectos que han suscitado más debate en la aplicación de la Ley Integral a lo largo de los más de diez años transcurridos desde que entraron en vigor.

Por ejemplo, se establecen nuevas pautas ante la consideración de que el niño o niña ya no es testigo, sino víctima directa de la violencia tras la reforma de la Ley 1/2004 y los jueces han de pronunciarse necesariamente sobre las medidas civiles que puedan afectarles.

Se habló de extender la protección de a las víctimas de violencia de género más allá del concepto restringido a las relaciones de pareja y que pase por extenderlo a cualquier tipo de violencia hacia la mujer por esa circunstancia: ser mujer, y en este sentido van las nuevas reformas del Código Penal y la introducción de nuevos delitos.

Por la Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Pilar Martín Nájera se habló del nuevo Estatuto víctima, que organiza protección a víctimas y de la necesidad de protocolos de actuación deben de ser amplios y multidisciplinarios.

Nuestro compañero Sergio Herrero Álvarez, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón y vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española, planteo la necesidad de introducir reformas legislativas sin coste económico alguno, que permitan la obligada asistencia letrada especializada y gratuita a la víctima de violencia de género; la habilitación al letrado para representar procesalmente a la víctima desde el inicio del proceso, y la necesidad de suprimir los periodos «ventana» entre sentencias y ejecuciones que permiten en determinados supuestos una desprotección por el cese de las medidas adoptadas para la seguridad de la víctima en esos periodos. 

Por la responsable del Ministerio de Justicia de las oficinas atención víctimas se anunció su reciente reforma y también la de sus protocolos para que los profesionales que las atienden sepan qué hacer cuando se encuentran con una víctima, fomentando el acompañamiento a víctimas y especialmente a los menores víctimas.

Rafael Bañón, del Instituto de Medicina Legal de Murcia destacó que la Disposición Adicional 2ª de la Ley 1/2004 ya estableció la creación de las Unidades de Valoración Forense Integral, que a día de hoy no están implantadas en todos los territorios. Cuestión más urgente si cabe desde que fue reformado el artículo 479 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reformado en 2015, establece la actuación global e integral en los casos de violencia de género.

Se contó también con interesantes intervenciones de responsables de la fundación ANAR y de Save the Children

Elvira Tejada De La Fuente, Fiscal especialista en ciberdelincuencia nos advirtió de la tendencia a que las nuevas tecnologías, además de suponer un gran avance, tienen efectos perversos en su uso por la delincuencia, que lesionan bienes jurídicos necesitados de protección aumentado este tipo de delitos un 116% en los últimos años.

Finalmente, quiero destacar el compromiso público de los Procuradores, recientemente integrados en el Observatorio, quienes, a través de sus representantes en el congreso manifestaron su compromiso de organizar servicios de representación permanente a las víctimas, que no permitan como ahora ocurre en determinados juzgados, que no pueda intervenir el letrado de una víctima en cualquier comparecencia por no contar con representación procesal de oficio.

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Hoy pierden las mujeres aragonesas víctimas de violencia

Hace aproximadamente veinticinco años, la Agrupación de Mujeres Abogadas del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, cansadas de ver como muchas mujeres maltratadas por sus parejas no eran escuchadas en comisarías de policía y juzgados; hastiadas de ver como muchos funcionarios las mandaban de vuelta a casa con su maltratador aconsejándolas resolver eses «asuntos» en casa, decidieron hacer algo.

Implantaron un servicio gratuito a mujeres consistente en: asesorías jurídicas, charlas informativas sobre sus derechos, -muchas de ellas en el ámbito rural- y la asistencia letrada en los procedimientos judiciales que pudieran ejercer contra sus maltratadores. Ellas se organizaron y ellas prestaban el servicio, sin ningún interés crematístico. Pro bono, como se dice ahora; o sin cobrar un duro, como se decía entonces.

Muchas de esas jóvenes abogadas idealistas y preocupadas por la forma que la sociedad daba la espalda a las mujeres, siguen hoy en activo.

La idea era tan buena, tan elemental, tan necesaria, que poco tiempo después, el gobierno de Aragón decidió financiarla a través de distintos organismos, últimamente a través del Instituto Aragonés de la Mujer, mediante un convenio que se renovaba anualmente.

Las abogadas, y también los abogados varones, que pronto se sumaron a la iniciativa, se formaron y especializaron en violencia de género y doméstica. Ellos y ellas convirtieron poco a poco en un nutrido grupo de especialistas altamente formados y motivados en la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia la mujer. Muchos de ellos y ellas son o han sido formadores de nuevas generaciones de abogados implicados en la lucha contra la violencia de género.

Se crearon redes de relaciones con asistentes sociales de los pueblos de las tres provincias, puestos rurales de la guardia civil, cuerpos policiales especializados. Participamos en mesas comarcales de control de la violencia a la mujer. Los abogados y abogadas del SAM éramos y somos, conocidos en juzgados, sedes comarcales, e incluso por las propias víctimas, especialmente en el ámbito rural.

Y de esta forma pasaron veintidós años, renovándose, año a año, la confianza con este grupo de abogados y abogadas especialistas, independientes, respaldados por sus colegios de abogados, y sin ningún interés económico más allá de que se remunerara dignamente su dedicación.

Con los años, el gobierno del Pignatelli fue ocupado por diversos inquilinos, también de diverso signo político. Todos ellos renovaron el compromiso con los abogados y sus colegios en defensa del interés de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. Faltaría más.

Quien suscribe tiene responsabilidades que le han permitido comparar la asistencia letrada a mujeres en Aragón con la de otras comunidades.

Hasta hace poco era un orgullo manifestar a los representantes de otros territorios que en Aragón, todas las mujeres víctimas de un delito violento, desde una agresión sexual, una violación, trata o explotación sexual, o incluso mutilación genital; tenían desde el principio a su disposición y de manera gratuita, un letrado o letrada especialista, formado, y respaldado y bajo el control deontológico de una corporación como un Colegio de Abogados, que carece en sus fines de ánimo de lucro alguno.

Incluso se plasmó todo esto en una ambiciosa ley autonómica, la Ley 4/2007 de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón.

Llegó la época de los recortes y de la crisis, pero quienes conformaban el gobierno de Aragón, ante la sorpresa de propios y extraños, mantuvieron la financiación de la asistencia letrada a mujeres y renovaron la confianza en los colegios de Abogados de Aragón año tras año.

No nos engañemos. No todo fue un camino de rosas en aquellos momentos. Se redujeron prestaciones, horas de atención y dotación económica. De hecho, los letrados y letradas aragoneses implicados en la atención a mujeres pasaron a cobrar, y de un día para otro, exactamente la mitad de lo que cobraban hace unos pocos años.

A pesar de ello se siguió asumiendo el servicio con la misma ilusión por los componentes del servicio.

En estos veintidós años se ha prestado asesoría jurídica gratuita a miles de mujeres aragonesas o que residen en Aragón. Se ha asistido a miles en juzgados y comisarías a cambio de ridículas prestaciones económicas (34 céntimos por hora de guardia, cobra un abogado de Teruel). Se las ha asesorado en su localidad, desplazándose el letrado o letrada de turno por los pueblos de la geografía aragonesa, para llevarles la información a su casa. SE han dado centenares de charlas en ayuntamientos y centros cívicos sobre los más diversos temas de interés para las mujeres.

Todo esto no importaba, lo primero eran las mujeres aragonesas y especialmente las que sufrían violencia.

Hoy podemos certificar que todo esto que construimos se va a perder.

En 2015 el gobierno de Aragón cambió de signo político.

Muchos respiraron aliviados ante la llegada de un gobierno socialista apoyado por Chunta Aragonesista y con el apoyo explícito de Podemos, quién más clamó por las políticas sociales.

¿Se acabaron los recortes en política social con este gobierno aparentemente progresista?

No. Los abogados aragoneses estamos asistiendo al mayor ataque de los derechos de los más desfavorecidos. Hace unos pocos días les tocó a los beneficiarios de la justicia gratuita. Hoy les toca a las mujeres aragonesas.

El gobierno de Aragón tras veintidós años, quiere que la asesoría jurídica a mujeres quede en manos de una empresa privada, al mejor postor, sin garantías de formación de sus abogados, sin independencia, sin control deontológico y, desde luego, en manos de una sociedad mercantil que buscará un beneficio económico.

Razones de competencia, afirman. Nosotros no queremos, pero una empresa privada puede reducir costes.

Respecto a las guardias jurídicas, esas que pagan en Teruel a 34 céntimos la hora, mejor las seguís haciendo vosotros.

Los abogados aragoneses nos estamos cansando de nuestro gobierno autonómico.

Por favor. No confundan compromiso y vocación de servicio con estupidez.

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La corro a bofetadas

Cuando a los especialistas nos preguntan en los más diversos foros ¿Cómo paramos esto? ¿Cómo detenemos este goteo incesante de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas?, solemos responder siempre que cuando intervenimos los abogados/as, los fiscales o los jueces, ya suele ser tarde. El maltrato físico o psíquico (cuando no los dos simultáneamente) ya se ha producido. La herida en el alma de la mujer maltratada y en la de sus hijos ya se ha producido. Sólo podemos esperar que sea leve y restañarla siempre en parte, e impedir que el mal se extienda. Y no siempre lo conseguimos.

La respuesta, solemos afirmar a quien nos lo pregunta, no es el Código Penal; es la educación. Desde la escuela, luego en el instituto, y especialmente el hogar, hay que fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, su equiparación como personas que ostentan iguales derechos e obligaciones.

También marcar a fuego en la conciencia de todos que la violencia de género, esa que asesina a las mujeres de este país, no es un asunto privado, familiar, que como tal se tiene que resolver desde las puertas del hogar hacia dentro.

Otra cuestión que ayudaría sería la tolerancia cero ante determinadas expresiones y manifestaciones que fomentan la violencia hacia las mujeres, con actuaciones de oficio de la Fiscalía.

Todos los implicados en la materia recordamos los cánticos en el campo del equipo de fútbol de primera división Real Betis Balompié, que justificaban la conducta de un jugador investigado por agredir físicamente a su pareja, llegando la desvergonzada grada a tildar a la víctima de «puta» y de que «algo habría hecho» para merecer la agresión.

Ayer mismo,  nos desayunábamos  en  la  prensa  con  la  noticia  que  relataba  como  el cuñado  de  una  prominente  figura  del  partido  popular  valenciano  manifestaba  sin ambages  públicamente  que  no  dudaría  en  «correr  a  bofetadas»  a  su  esposa (http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/02/10/56bb4bc2268e3ef3718b465c.html) si se enteraba que había actuado de determinada manera, manera que en ningún caso justificaba esa ni ninguna agresión.

Nadie, pero mucho menos los medios de comunicación, pueden dar pábulo a ese tipo de declaraciones o manifestaciones, sino en todo caso, ponerlas en conocimiento de la justicia cuando se produzcan. Si el silencio es muchas veces cómplice la violencia de género, a veces el tratamiento inadecuado o incluso la difusión de determinadas declaraciones lo es en mayor medida.

Pero no todo va a ser pesimismo. En la sociedad algo está cambiando. Muchos hombres y mujeres ya son conscientes de que la violencia de género, además de no ser permisible, no consiste solo en la mera agresión física, sino que empieza mucho antes. Y para muestra un botón: en los carnavales de Cádiz la comparsa «Los cobardes» cantó el pasodoble titulado «las dos de la mañana» (https://www.youtube.com/watch?v=RsAzlm2Layw) criticando el silencio cómplice de la violencia de género.

Antonio J. Muñoz González

Abogado

Vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE

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