La normativa europea y el acceso al atestado policial

El pasado viernes tres de octubre, nos acercamos a la convocatoria que el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza nos hizo para escuchas a Sergio Salinas Alcega, Profesor titular de Derecho Internacional de la Universidad de Zaragoza.
El tema no era baladí. Se trataba de que un especialista nos desmenuzara la DIRECTIVA 2012/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2012 relativa al derecho a la información en los procesos penales.

Y el tema despertó mucho interés, de manera que el Salón de Grados del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza se quedó pequeño para escuchar lo que el ponente tenía que decir. Y no sólo acudimos abogados. Para sorpresa de los de la casa, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado enviaron a representantes. Había policías y guardias civiles uniformados entre la audiencia.

Respecto a los letrados, el que más y el que menos, y el que suscribe se incluye entre ellos; acudimos con la secreta esperanza de que el ponente nos proporcionara un arma para esgrimir en nuestras asistencias en comisarías y puestos de la Guardia Civil. De esta manera podríamos exigir la toma de conocimiento del atestado antes de que nuestro defendido prestara declaración, y poder entrevistarnos reservadamente con carácter previo a esta declaración.

Para el profano, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado esgrimen el contenido textual del artículo 520.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece: La asistencia del Abogado consistirá en: a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el número 2 de este artículo y que se proceda al reconocimiento médico señalado en su párrafo f. b) Solicitar de la Autoridad judicial o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en que el Abogado haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica. C) Entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de la diligencia en que hubiere intervenido.

De esta manera se suele exigir por el cuerpo policial correspondiente el silencio absoluto del letrado hasta que finalice el trámite de lectura de derechos y se levante el acta de declaración o del ejercicio del derecho a no declarar. En definitiva, que hasta el trámite del artículo 520.6 C) el letrado no pasa de ser un convidado de piedra.
Respecto al acceso al atestado, es una cuestión unánime por parte de los cuerpos oficiales el negar al letrado su acceso con carácter previo o posterior a la declaración policial o a la constancia del ejercicio del derecho a no declarar.

El Tribunal Constitucional ha interpretado reiteradamente esta normativa entendiendo, por todas Sentencia del Tribunal Constitucional 21/1997de 10 de febrero de 1997, que […]«tras la detención preventiva de una persona y su conducción a dependencias policiales, el art. 520.1 L.E.Crim. permite realizar diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos, incluida la declaración del detenido. Y es en esta situación, cuando adquieren su pleno sentido protector las garantías del detenido de ser informado “de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención”, así como de la asistencia letrada y la de un intérprete, dada su innegable importancia para la defensa en tales diligencias (STC 74/1987). Garantías constitucionales que se han configurado legalmente en el art. 520.2 L.E.Crim. y cuya finalidad es, como ha declarado este Tribunal, la de “asegurar la situación de quien, privado de su libertad, se encuentra en la eventualidad de quedar sometido a un proceso”, procurando así la norma constitucional que la situación de sujeción que la detención implica no produzca “en ningún caso la indefensión del afectado” (STC 107/1985, fundamento jurídico 3º y SSTC 196/1987 y 341/1993). Y ello se ha reiterado por este Tribunal respecto a la asistencia letrada en las primeras diligencias policiales, diferenciándola de la que se presta en un proceso penal, al declarar que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 520 L.E.Crim., aquella responde a la finalidad “de asegurar con su presencia personal, que los derechos constitucionales del detenido sean respetados, que no sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad de declaración y que tendrá el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio, así como sobre su derecho a comprobar, una vez realizados y concluidos con la presencia activa del Letrado, la fidelidad de lo transcrito en el Acta de declaración que se le presenta a la firma” (STC 196/1987, fundamento jurídico 5º y, en el mismo sentido, 252/1994).

Es decir, que la primera prohibición, impedimento o reproche del asesoramiento previo a la declaración en sede policial por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, es una interpretación errónea del 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que el Tribunal Constitucional lo permite expresamente.

Otra cuestión distinta es el acceso al atestado. El artículo 520.2 ni lo permite, ni lo prohíbe expresamente, pero si manifiesta que «Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten […]»

Este precepto legal se suele salvar por parte de los funcionarios policiales con una genérica calificación penal de los hechos (no siempre correcta) sin entrar en profundidad en los mismos. Por ejemplo: «está usted detenido por que se le considera presuntamente responsable de un delito de robo con fuerza.» Sin ningún otro detalle.

La DIRECTIVA 2012/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2012 relativa al derecho a la información en los procesos penales, en su artículo 11.1 establece que «Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 2 de junio de 2014.»

Como ha transcurrido dicho plazo sin que la norma de anterior referencia haya sido traspuesta, se han desplegado los efectos de primacía y efecto directo, siendo plenamente aplicable en España.

La Directiva, en su artículo 6.1 establece: «Los Estados miembros garantizarán que toda persona sospechosa o acusada reciba información sobre la infracción penal que se sospecha ha cometido o está acusada de haber cometido. Esta información se facilitará con prontitud y con el grado de detalle necesario para salvaguardar la equidad del proceso y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de defensa.»

Más en concreto, y respecto al detenido, el artículo 6.2 establece «Los Estados miembros garantizarán que toda persona sospechosa o acusada que sea detenida o privada de libertad sea informada de los motivos de su detención o privación de libertad, incluida la infracción penal que se sospecha que ha cometido o de la que se le acusa.»

Si ponemos este texto en relación con el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española: «Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten.»; no parece que estemos ante grandes avances en cuanto al acceso al atestado en sede policial, ya que la norma europea tan sólo habla de información.

El artículo 6.3 nos da una pista para saber cuánto de escueta puede llegar a ser dicha información cuando nos dice «Los Estados miembros garantizarán que, a más tardar en el momento en que el contenido de la acusación se presente a un tribunal, se facilite información detallada sobre la acusación, incluidas la naturaleza y la tipificación jurídica de la infracción penal, así como la naturaleza de la participación de la persona acusada.»

Es decir que la norma europea señala que el momento en el que nace en derecho a conocer información detallada es que coincida con la presentación de la acusación a un tribunal, esto es, el momento en el que el atestado llega a sede judicial y se incoa el procedimiento que corresponda, es decir, un escenario idéntico al actual.

Por ello, a juicio de quien escribe, la DIRECTIVA 2012/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2012 relativa al derecho a la información en los procesos penales no es por el momento la panacea que pensábamos y no hace sino consagrar el actual marco normativo. Los problemas de interpretación del artículo 6 y la referencia al grado de detalle de la información hacen que la cuestión sea suceptible de problemas.

Salvo que los abogados, a través de nuestra función social, invocando no la norma europea, sino el artículo 24.2 de la Constitución Española obtengamos de los tribunales el derecho a acceder al atestado con carácter previo a la declaración policial.

Anuncios
Esta entrada fue publicada en opinión y etiquetada , , , . Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s