Las denuncias por maltrato suben en Aragón y la inversión contra la lacra se hunde

Las denuncias por violencia de género en Aragón crecieron un 12% en Aragón en el primer semestre del año respecto al anterior, alcanzando las 1.631, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Un dato que, según las interpretaciones más benévolas, podría indicar que las mujeres se atreven más a denunciar a sus agresores. Pero una cifra que contrasta con la drástica reducción del presupuesto para igualdad y protección a las víctimas que ha sufrido la comunidad –y el país– en el último lustro: por ejemplo, de 1.249.000 euros en 2011 a 599.000 para el año que viene.
Con este panorama, que el secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán –quien recordó los datos– calificó de “atroz”, se celebra hoy el Día Internacional contra la Violencia de Género. La directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Pilar Argente, ofrecerá hoy una panorámica más amplia del estado de la lacra en la comunidad, según las actuaciones del instituto. Ayer, en un simposio sobre el tema celebrado en el Paraninfo, avanzó el crecimiento de las denuncias y que, sin embargo, las atenciones en el IAM se mantienen en cifras similares al año pasado.
Los datos en torno al problema son tan variados que pueden parecer contradictorios. Por ejemplo, las denuncias crecen a mayor ritmo que los asuntos que llegan a ingresar en los juzgados aragoneses especializados –que suben un 7,7%–, o a los casos que controlan las Fuerzas de Seguridad. Según Interior, los casos activos a finales del pasado mes de septiembre –que requieren control de la Policía o la Guardia Civil– habían bajado un 18% en un año, de 1.635 a 1.374. Los de riesgo, sin embargo, sí crecían, de 314 a 335.
RETIRADAS 
Según el letrado Antonio José Muñoz, coordinador del Servicio de Atención a la Mujer (SAM) del Colegio de Abogados de Zaragoza, esta aparente contradicción se explicaría por los avatares que sufren las denuncias. “Por ejemplo, sigue ocurriendo que las retiran, por la dependencia económica o la presión de las familias. Vemos muchos casos en que el día del juicio se niegan a declarar, y si su testimonio es la única prueba, acaban en archivo”, explica. No tienen estadísticas de estos archivos, pero pueden superar un tercio de los casos, “si esa retirada basta para cerrarlos y no hay otro testigo”.
Entre los expertos en la materia preocupa desde hace tiempo la incidencia de este problema entre los jóvenes. La diputada de IU en las Cortes Patricia Luquin incidió ayer en este aspecto, que habría que abordar de manera “más intensa” en su opinión, frente a la “desidia” del Gobierno autonómico actual. Luquin afirmó que los jóvenes, sobre todo las chicas, piensan que el acoso se debe a que “tu pareja te quiere” y que el maltrato solo existe cuando hay agresión física.
CELOS
Varios letrados consultados ayer coincidieron en que el fenómeno se enquista en la juventud, y que las chicas “lo perciben menos” incluso que sus madres. “Es un control más sutil, del tipo no me pongo esto porque no le gusta o no voy con estas amigas porque no le gustan“, explicaba una letrada que prefirió permanecer en el anonimato. “Es sorprendente la cantidad de ellas que siguen pensando que los celos son parte del amor”, indicó.
Luquin incidió también en el presupuesto para igualdad, con ejemplos como la “congelación” del correspondiente al IAM en 3,3 millones, o los 48.000 para casas de acogida para víctimas, frente a los 315.000 de hace cinco años.
Tanto IU como el PSOE como CHA anunciaron la presentación de sendas proposiciones no de ley y de preguntas al consejero Ricardo Oliván para incidir en la lucha contra la violencia, el mantenimiento (presupuestario) de la ley del 2004 y el respeto a los protocolos internacionales.
CHA escenificó ayer ante la Aljafería un recuerdo a las 45 mujeres asesinadas por sus parejas este año en España, con la suelta de globos morados. Los partidos se unirán esta tarde a las diversas concentraciones de protesta convocadas por colectivos y oenegés. Cuyo presupuesto en subvenciones también se ha visto reducido en cinco años de 209.000 a 22.000 euros.
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